Minvu defiende situación presupuestaria y niega baja en inversión para el próximo período: “proyectos en ejecución son una cartera de inversión activa y una buena noticia para el futuro gobierno”

Santiago, 24 de noviembre, 2025-. En publicaciones recientes en medios de comunicación, distintos especialistas han planteado que el aumento del presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para 2026 no se traduciría en nuevos subsidios, sino en el pago de deudas y compromisos pendientes. Se ha llegado a afirmar que el presupuesto no es para inversión sino para «pagar el gasto de años pasados» o que el próximo gobierno heredará una carga financiera insostenible. Estas afirmaciones, sin embargo, parten de confusiones técnicas sobre la contabilidad pública y la economía de la construcción que vale la pena aclarar.

Cuando asume esta administración, se recibió un sector dañado por la pandemia, con obras paralizadas por falta de insumos y de crédito. La situación económica implicó restricciones presupuestarias, pero se ha logrado reactivar el sector de la construcción con diversas medidas de apoyo.

En primer lugar, en el debate público se ha confundido el concepto de «arrastre» con el de «deuda». En la administración financiera del Estado chileno, regida por el principio de anualidad presupuestaria (DL 1.263), los presupuestos se aprueban año a año, pero los proyectos de inversión son, por naturaleza, plurianuales. El «arrastre» no es deuda vencida ni déficit; es simplemente la programación financiera de los flujos de caja necesarios para dar continuidad a obras que ya están en ejecución.

Esto nos lleva al concepto de inversión. Quienes critican el presupuesto argumentan que el gasto en transferencias de capital no es inversión. Sin embargo, desde la perspectiva económica y siguiendo las definiciones del Banco Central, la edificación de viviendas constituye Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF). Por tanto, cuando el Estado transfiere capital para financiar el avance de obras habitacionales, está inyectando recursos directamente a la inversión y al stock de capital del país. Ver esto como un mero «pago de cuentas» ignora que detrás de cada transferencia hay una vivienda construyéndose.

La segunda confusión, y quizás la más extendida, se refiere a la partida de préstamos. Se ha descrito este aumento presupuestario como si el Ministerio estuviera pagando deudas financieras. La realidad es que desde 2016, el Minvu utiliza un mecanismo de préstamos sin interés que permite a las constructoras contar con capital de trabajo para iniciar y mantener el ritmo de las obras. En estricto rigor contable, estos préstamos son cuentas por cobrar para el Minvu, no deuda.

Los proyectos habitacionales se construyen mayoritariamente con estos flujos anticipados, y las empresas van «devolviendo» estos recursos mediante el avance físico de la obra. Los tiempos de restitución de estos préstamos por parte de las empresas promedian los 3,6 años. Por ende, sugerir que el Minvu podría recortar estos flujos es poco realista, de hecho, son lo que permite reducir el número de proyectos ralentizados o paralizados. Al finalizar la obra, el monto anticipado se descuenta del subsidio final, evitando flujos financieros innecesarios.

Finalmente, es fundamental entender la distinción entre asignación y aplicación de subsidios. La asignación es la entrega del derecho (el «papel»), mientras que la aplicación ocurre cuando se construye y entrega la vivienda, típicamente tres años después. Esta diferencia temporal implica que siempre existan traspasos de subsidios por aplicar de un año a otro, y en caso de años electorales de un período presidencial a otro. Esto no debe verse como una deuda financiera, sino como una posta de soluciones habitacionales que van en la línea con el objetivo del Minvu de reducir el déficit de vivienda en Chile.

Actualmente hay 229.262 viviendas terminadas o entregadas, 127.271 viviendas en ejecución, 61.640 por iniciar y 60 mil en evaluación de los Serviu. En total, un avance que inyecta más de 470.000 soluciones a la cartera habitacional del país. Estos proyectos no son una «mochila» de deuda, sino una cartera de inversión activa, lo que debería considerarse por un futuro gobierno como una buena noticia, pues serán entregadas durante el siguiente período.

No es noticia nueva que para la presente administración habría sido deseable heredar más obras en ejecución del gobierno anterior, pues esto habría permitido acelerar los avances del Plan de Emergencia Habitacional.

Si bien el alza del gasto es un tema relevante que requiere responsabilidad fiscal, para llevar un debate fructífero se debe cuidar el rigor técnico: lo que está en juego no es el pago de facturas atrasadas, sino la continuidad de la inversión pública en vivienda. Porque las administraciones pasan, pero las construcciones impulsadas por el Estado quedan, al igual que las soluciones habitacionales entregadas a las familias.