• La información fue entregada por los ministros del Interior, Álvaro Elizalde, de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, y de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en la que detallaron el plan para mitigar los costos sociales y económicos que implica el desalojo de las más de 10 mil familias del asentamiento, el Ejecutivo dio cuenta del plan que acompañará al cumplimiento de lo resuelto por el Poder Judicial.
• El proyecto contempla el uso de las facultades del Minvu, en el marco del ordenamiento legal y constitucional, para expropiar y adquirir 100 de las 215 hectáreas del predio ocupado, permitiendo dar una solución a las familias que actualmente residen en el campamento, debiendo estas aportar recursos para su cofinanciamiento.
Martes, 2 de diciembre de 2025.- El Gobierno de Chile anunció la decisión de impulsar un proyecto habitacional que, acompañando el cumplimiento de lo resuelto por el Poder Judicial, sea una solución definitiva e integral para las familias del campamento Cerro Centinela. De esta manera, se busca mitigar el problema humanitario, con costos sociales y económicos, tanto para las familias y la ciudad de San Antonio como para el Estado, que constituye el desalojo de más de 10 mil personas.
Conformado en 2019, el campamento Cerro Centinela cubre 215 hectáreas de la comuna de San Antonio y está compuesto por 4.136 hogares habitados por 10.521 familias, de las cuales más de 3 mil son niños, niñas y adolescentes. En junio de 2023, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección presentado por los propietarios de los terrenos ordenando el desalojo del predio, sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema en marzo 2024.
Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que “desde un principio, el Gobierno fue explícito respecto de la voluntad de adquirir este terreno para desarrollar un plan habitacional y se estableció una mesa de diálogo y negociación con los pobladores y los dueños con el objeto de arribar a un acuerdo. No obstante, como el precio solicitado estaba por sobre el precio de mercado, se ha tomado la decisión de utilizar esta herramienta que confiere nuestro ordenamiento jurídico y que ha sido utilizado por muchos gobiernos para resolver desafíos y problemas en materia de necesidades sociales.
Asimismo, el ministro Elizalde informó respecto del plan de desalojo que “daremos a conocer los detalles una vez que se presente el informe correspondiente a la Corte. No obstante, en esto queremos ser bien explícitos, estamos hablando de un esfuerzo enorme que comprende un tiempo de implementación con los recursos necesarios para que sea exitoso y también dando cuenta de las otras necesidades que en materia de seguridad pública existen en la región y las distintas fechas en donde tiene que haber reforzamiento de contingentes para otras tareas que deben desarrollar Carabineros.
Por su parte, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, explicó que “la megatoma de San Antonio es una toma que reúne características que no reúnen ninguna otra toma y campamento de nuestro país. Es una toma totalmente excepcional».
La vocera de Gobierno agregó que «el Presidente mandató al Ministerio de Vivienda, que lidera el ministro Montes a generar una conversación y un puente, tanto con los pobladores como con los dueños del terreno. Justamente porque ante un conflicto entre privados el Estado no podía estar ausente y tenía que intervenir».
A su vez, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, declaró que “La toma de San Antonio no es una toma cualquiera. Se inició hace seis años en el Gobierno anterior y en muy poco tiempo llegó a cubrir 215 hectáreas con 10.000 personas. Estamos hablando de 4.000 familias en donde hay más de 3.000 niños. Por esta realidad tan particular, que no existe en ninguna otra parte del territorio nacional, es que un desalojo de estas dimensiones sin un plan integral que lo acompañe podrá generar una grave crisis humanitaria, afectando el funcionamiento de una ciudad entera y poniendo en riesgo a muchas personas. Chile sencillamente no tiene la capacidad de albergar simultáneamente a 10.000 personas.”
El titular del Minvu agregó que “Por esto, como Gobierno hemos buscado durante meses una solución entre los dueños del terreno y los pobladores. Hemos conversado con los dueños del terreno y con los pobladores. Se levantó una comisión técnica, con técnicos de los dueños y técnicos del ministerio y se ayudó a las familias a organizarse en cooperativas para que ellas mismas compraran los terrenos. 40 cooperativas en las cuales están incorporadas 3.700 familias. Lamentablemente esas conversaciones no han generado un acuerdo con los dueños debido al precio a nuestro juicio exorbitante del metro cuadrado que exigieron en la negociación. Llegado a este punto hemos tomado la decisión de impulsar un proyecto habitacional que nos solicitaron las cooperativas, constituidas las 40 cooperativas, que sea una solución definitiva e integral para esos abuelos, padres, madres y miles de niños. Este proyecto habitacional ocupará menos de la mitad de la actual mega toma”.
El ministro Carlos Montes finalizó detallando que “el Estado adquirirá el terreno y los pobladores colaborarán en el financiamiento de la urbanización, manteniendo el principio de corresponsabilidad. Las familias ya tienen una parte de este ahorro acumulado. Usaremos todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho para materializar esta solución” y agregó que “Avanzaremos en esta dirección siendo respetuosos de lo que determinen los tribunales, partiendo el desalojo por los terrenos que no serán adquiridos por el Estado para el proyecto habitacional. Así cumpliremos con lo que diga la Corte, sin fallar a nuestro deber de evitar una crisis humanitaria que es el punto fundamental”.
La solución anunciada por el gobierno se presenta luego de que no se alcanzara un acuerdo con los propietarios del predio, tras un proceso de diálogo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el municipio de San Antonio, donde se constituyó una comisión técnica encargada de reportar las condiciones de venta. La oferta del Estado, que se basó en la tasación a precio comercial de los terrenos ocupados, por peritos externos, a partir de criterio técnicos, objetivos y de mercado, fue rechazada por los dueños, quienes solicitaron el doble del valor.
Asimismo, las familias del campamento se organizaron en 40 cooperativas cerradas de vivienda, representando aproximadamente al 90% de los hogares, con el objeto de factibilizar una solución alternativa al desalojo. Las cooperativas a su vez constituyeron una Federación, para facilitar su gestión y la obtención de acuerdos.
Sobre el proyecto habitacional:
Para llevar a cabo el proyecto habitacional, se contempla el uso de las facultades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Serviu de la región de Valparaíso, en el marco del ordenamiento legal y constitucional, para expropiar y adquirir el lote 1-A del terreno, que corresponde a 100 de las 215 hectáreas.
Esto último corresponde a un proceso normado por la Constitución y la ley donde el precio puede ser acordado con los propietarios o determinado por una comisión de peritos a partir de criterios técnicos, objetivos y de mercado, con mediación de los tribunales de justicia. El desalojo se ejecutará, de manera gradual y responsable, en los terrenos que no serán expropiados.
El proyecto permitirá ofrecer una solución habitacional, en estas 100 hectáreas, a las más de 4 mil familias que actualmente residen en el campamento, en lotes debidamente urbanizados, con solución sanitaria.
En ese marco, las familias que decidan radicarse tendrán que aportar recursos, complementando los subsidios del Minvu, para costear de manera compartida el futuro proyecto habitacional. Para ello, la Federación de Cooperativas del Cerro Centinela viene implementando un plan de ahorro, que contempla, a fin de año, que cada familia tenga 1 millón 500 mil pesos y continúe en los meses sucesivos, asumiendo así desde un principio la corresponsabilidad en el financiamiento de la solución.
Asimismo, aproximadamente el 5% del suelo será destinado a usos de equipamiento de escala comunal y a la reserva de suelo para futuros proyectos habitacionales que incluyan a familias que no forman parte del campamento.
El Gobierno de Chile informó que el plan está en marcha y se proyecta que, al término de la actual administración, la expropiación esté dictada y se haya iniciado el diseño y la urbanización del proyecto habitacional.
