El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informa que ha decidido interponer recursos de protección y acciones civiles con el objetivo de restablecer el derecho vulnerado de cientos de familias damnificadas de El Olivar en Viña del Mar, que han sido víctimas de una reconstrucción fracasada y de una constructora que no cumplió con el deber de construir viviendas seguras.
Estas familias, que son propietarias de sus viviendas, manifestaron expresamente su decisión de poner término a los contratos con la Entidad Patrocinante Social Arquitectura y la constructora San Sebastián que desde marzo enfrentan querellas por parte del Ministerio, por ocho delitos: estafa agravada, uso malicioso de instrumento falso, fraude al fisco, coacción, amenazas y tráfico de influencias, cuasidelito de peligro por infracción a normas de seguridad estructural, obtención fraudulenta de prestaciones estatales en relación con contratos por 709.143,09 UF de patrimonio fiscal.
La decisión de las familias de terminar ambas relaciones contractuales y aceptara la propuesta de Serviu Valparaíso, fue tomada tras informarse de las graves deficiencias estructurales y a los incumplimientos de la normativa sísmica y de resistencia al fuego detectados por la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del MINVU (DITEC) y el IDIEM de la Universidad de Chile.
Hoy estas familias no pueden avanzar con el proceso de reconstrucción por las acciones judiciales interpuestas por la constructora y un grupo minoritario de vecinos que afecta no solo a las 140 viviendas que contaban con diversos porcentajes de avance y autorización de demolición, sino que también afecta a 187 donde no existe aún ningún trabajo de inicio de obras. Es por ello que los recursos y acciones judiciales civiles tienen como finalidad que se respete el derecho y la voluntad de las familias propietarias que exigieron no seguir retrasando el proceso de reconstrucción de sus viviendas.
Como Ministerio sostenemos una vez más, que no entregaremos viviendas parchadas, falladas que ponen en riesgo la vida de las personas. Nuestro deber es proteger a las familias que quieren avanzar. No podemos permitir que un conflicto judicial termine perjudicando a quienes ya autorizaron la demolición de sus viviendas o a quienes ni siquiera han podido iniciar la construcción de sus casas.
El Ministerio seguirá utilizando todas las herramientas legales y administrativas disponibles para proteger a las familias de El Olivar y garantizar que reciban viviendas nuevas, seguras y construidas con los estándares que corresponden.
