Una de las tareas prioritarias del ministerio es hacer frente al déficit habitacional. Según los datos del Censo 2017, el déficit cuantitativo cayó un 25 por ciento entre 2002 y 2017, de 521 mil 957 a 393 mil 613 viviendas. Según datos de la encuesta Casen 2017, el déficit cualitativo aumentó un uno por ciento entre 2003 y 2017, de un millón 288 mil 280 a un millón 303 mil 484 viviendas que requieren al menos un mejoramiento.
Esta realidad requiere priorizar acciones que permitan aumentar la cobertura y calidad de los programas habitacionales, de manera que puedan responder a las exigencias de fenómenos como el aumento de los precios de las viviendas, la escasez de suelo, o el aumento de la migración, entre otros factores.
Es así como se ha promovido la actualización de la política habitacional, adaptando las diferentes soluciones habitacionales de manera de hacer más eficiente no solo la adjudicación de los subsidios, sino también su aplicación real. Esto impacta directamente en la calidad de vida de las personas más necesitadas y de la clase media.
El programa de gobierno estableció como prioridad, no solo la atención de familias que viven en asentamientos irregulares, sino también la generación de mecanismos para reducir la entrada de nuevas familias en campamentos.
MINVU desarrolla una serie de iniciativas que marcarán el sello de la gestión impulsada por el gobierno, con el propósito de promover la construcción de viviendas con integración social y atender la alta segregación urbana. Esta agenda considera el Proyecto de Ley de Integración Social y Urbana (Boletín 12288-14) y el reglamento de la Ley N° 20.741, que modifica en parte el DFL 2 de 1959, y que facultó al ministerio para establecer beneficios de normas urbanísticas para proyectos de viviendas integradas que se emplacen en determinados lugares.
El Proyecto de Ley de Integración Social y Urbana, conlleva el cambio de nombre hacia un nuevo Ministerio de Ciudad y Vivienda, relevando la importancia de las urbes y su planificación, confiriéndole al ministerio y sus secretarías regionales (i) más atribuciones para la supervigilancia sobre los instrumentos de planificación territorial para facilitar el desarrollo de proyectos de integración social; (ii)atribuciones para densificar de manera equilibrada y también integrada socialmente zonas de desarrollo urbano donde haya fuerte inversión estatal, como líneas troncales de transporte público, estaciones de metro o parques; y (iii) facultad a los Planes Reguladores Intercomunales, para que también puedan establecer Zonas de Integración Urbana, cuyos beneficios o excepciones, predominarán sobre las normas generales de un Plan Regulador Comunal.
Con ello, se está dando cumplimiento a la necesidad de normar la categoría de Proyectos de Viviendas Integradas y las “Zonas de Integración Urbana”, lo que permitirá determinar – en los sectores donde es posible densificar – la inclusión de un porcentaje de viviendas destinadas a beneficiarios de subsidios, además de promover la generación de más servicios, equipamiento y parques, entre otros. El proyecto de ley establece normas urbanísticas, aplicables a los proyectos integrados, que podrán ser objeto de beneficios, resguardando que no se generen impactos negativos en el sector ni en su entorno.
Junto con impulsar estos cambios estructurales, el ministerio está realizando acciones concretas que permitan materializar a corto plazo las directrices de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), en materia de integración social y urbana. El objetivo 1.3.1 PNDU señala que no solo se debe considerar “el valor del suelo y el costo directo de la construcción, sino también los beneficios y costos para los futuros residentes y la sociedad, incluyendo la localización e integración urbana del terreno, la calidad del conjunto, la durabilidad, mantención, operación y posible ampliación de las viviendas, los costos en
tiempo y dinero del traslado, la dotación de equipamiento y servicios públicos”. Por esto, y para responder a la alta demanda habitacional, Planes Urbanos Habitacionales son gestionados en la mayoría de las regiones del país, donde además de entregar soluciones habitacionales, se dotará de equipamiento y áreas verdes, evitando “el desarrollo de nuevas situaciones de segregación social urbana” (objetivo 1.3 PNDU). En esa misma línea, se continúa el trabajo con los conjuntos habitacionales construido por el Estado en décadas anteriores, que hoy afectan negativamente la calidad de vida de las familias que habitan en ellas a través del Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales.
Se avanzó en la implementación de seis pilotos de regeneración de áreas centrales. Estos permiten asistir viviendas que se encuentran en un proceso de deterioro tanto urbano y habitacional, a pesar de estar bien emplazadas en los centros de las ciudades y contar acceso a servicios. Para lograr lo anterior, se integrarán iniciativas de inversión pública y privada que fomenten el desarrollo económico local.
Finalmente, MINVU reconoce que Chile es un país con diferencias geográficas, donde las localidades más apartadas se han visto afectadas por una distribución desigual de oportunidades y acceso a servicios, para lo cual el ministerio impulsa el Programa para Pequeñas Localidades (Lugares que Crecen) y el Programa de Habitabilidad Rural, que buscan promover y asegurar la equidad territorial, reducir brechas de acceso, y reducir el déficit urbano-habitacional, reconociendo y respondiendo a las características de las distintas localidades.
La evidencia revela que el acceso a las áreas verdes también se distribuye de forma desigual entre los ciudadanos y potenciarla no solo mejora la calidad de vida, sino también los niveles de integración. Existen marcadas diferencias en la provisión de áreas verdes a lo largo del país, especialmente entre el norte y el resto de las regiones. Mientras regiones como Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, cuentan con menos de dos metros cuadrados de parques por persona, algunas regiones del sur como La Araucanía, Los Ríos, Aysén y Magallanes, cuentan con más de cinco m2 de parques por persona, según datos del Catastro de Parques Urbanos MINVU 2017-2018.
El país ha evolucionado en cuanto al uso de parques y plazas. Lo que hace unos diez o quince años no era prioridad, hoy sí lo es. Así lo refleja nuestra Encuesta MINVU de Percepción de Calidad de Vida Urbana 2018, que estableció que el 44 por ciento de las personas declara utilizar al menos una vez a la semana una plaza o parque urbano.
Política Nacional de Parques Urbanos
El ministerio trabajará en el desarrollo de una Política Nacional de Parques Urbanos. Política que permitirá generar un acuerdo nacional respecto a este tema y proponer además un plan de trabajo intersectorial que promueva el diseño, construcción y mantención de más áreas verdes urbanas. Plan de trabajo que a través de un modelo de gestión innovador tendiente a incrementar la sustentabilidad y que incluya la participación de la ciudadanía para que cada proyecto cuente con un sello local. Una de las bases de esta estrategia, será replicar el modelo de gestión el Parque Metropolitano de Santiago, con su red de parques urbanos en la región. Mejorar y desarrollar nuestros parques como espacios urbanos únicos, otorgará más y mejores oportunidades a las familias del país y brindará una mejor calidad de vida a sus habitantes.
